La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha iniciado una investigación exhaustiva sobre OpenAI, la empresa detrás del chatbot con inteligencia artificial (IA) ChatGPT, para determinar si ha violado las leyes de protección al consumidor, poniendo en peligro la reputación y los datos personales de los usuarios.
Según un informe publicado por The Washington Post, la FTC ha presentado una demanda de investigación civil de 20 páginas dirigida a la startup liderada por Sam Altman, en la cual plantea interrogantes sobre las prácticas de OpenAI para entrenar modelos de IA y el manejo de la información personal de los usuarios.
En la extensa carta, se menciona un incidente ocurrido en 2020, donde la empresa reveló un error que permitía a los usuarios acceder a información de otros chats y detalles relacionados con los pagos de otros usuarios. Además, se destaca que ChatGPT ha ganado una gran popularidad desde su lanzamiento público y gratuito en noviembre pasado, alcanzando un récord de 100 millones de descargas en tan solo dos meses.
La FTC ha solicitado a OpenAI que proporcione descripciones detalladas de todas las quejas recibidas sobre sus productos, especialmente aquellas que hagan declaraciones «falsas, engañosas, despectivas o dañinas». Asimismo, la comisión está investigando si la empresa ha llevado a cabo prácticas desleales o engañosas que hayan resultado en daños a la reputación de los consumidores.
En uno de los casos mencionados en la respuesta de ChatGPT, el chatbot citó un artículo inexistente del Washington Post que implicaba a un abogado en un comportamiento inapropiado. Sin embargo, tanto el artículo como el incidente relatado nunca ocurrieron, y el abogado en cuestión negó rotundamente las acusaciones.
La FTC también ha exigido a OpenAI una descripción detallada de los datos utilizados para entrenar sus productos y cómo están abordando el problema conocido en la industria tecnológica como «alucinaciones», que se produce cuando las respuestas del chatbot son estructuradas pero completamente incorrectas.
En caso de que se determine que OpenAI ha infringido las leyes de protección al consumidor, la FTC tiene la autoridad para imponer multas o establecer un decreto de consentimiento que regule cómo la empresa maneja los datos.
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